Comenzó como una manifestación más a favor de una democracia más participativa y en contra de las medidas que el Gobierno del entonces presidente Rodríguez Zapatero estaba llevando a cabo para ‘salir’ de la crisis. Sin embargo, la indignación popular era mayor de lo que todos esperaban y esa simple protesta llevada a cabo el 15 de mayo de 2011 se convirtió en una revolución pacífica.

Miles de jóvenes, y no tan jóvenes, ocuparon plazas en decenas de ciudades españolas para pedir un cambio político y sobre todo económico. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en su difusión. Por Twitter, la #spanishrevolution llegó a ser el tema más comentado a nivel mundial durante varios días. Pronto la prensa internacional se hizo eco de la noticia que llegó a ocupar las portadas de los principales medios, como ocurrió con la mítica portada del Washington Post.

El éxito organizativo y el civismo mostrado por sus participantes hicieron que las acampadas se alargaran durante varias semanas. El desalojo de las plazas no paralizó el trabajo del movimiento. Ya en la sombra, miles de ciudadanos continúan organizándose y proponiendo alternativas a un sistema y a una política que no les convence.  

Contra muchos pronósticos, el 15M no solo no ha muerto, sino que este sábado 12 de mayo celebra su aniversario con una serie de manifestaciones que se esperan multitudinarias, y más teniendo en cuenta, el ambiente de malestar generado por los nuevos recortes en materias sociales propuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy.

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha querido adelantar a los acontecimientos anunciando la prohibición a cualquier tipo de “acción contraria a la Ley” en la que se incluyen las acampadas. Además, tiene previsto aprobar una modificación del Código Penal en la que se endurece los castigos por desobediencia equiparándolos a los de atentado contra la autoridad, de esta manera, la resistencia pasiva pasa de ser una falta leve a convertirse en un delito similar al de agredir a un agente.

Una decisión que ha levantado ampollas entre los partidos de la oposición que han tachado la reforma de “aberrante”. El PSOE ha pedido al Gobierno “no criminalizar de manera indiscriminada las conductas incorrectas que se desarrollen en el ámbito de los derechos fundamentales” mientras que IU ha animado a la ciudadanía a “rebelarse” contra las políticas represivas del Partido Popular.