La auditora de KPMG, María Eugenia Fernández, aseguró este jueves que las prejubilaciones millonarias a la cúpula de Caja Segovia fueron ''perfectamente'' registradas y contabilizadas en las cuentas anuales de la entidad, tras un acuerdo de sus órganos de gobierno en 2006, ''sin valorar si esa decisión era correcta'', ya que no es una labor que corresponde a una auditoría.
En su comparecencia ante la comisión parlamentaria de investigación sobre la actuación, gestión y supervisión de las cajas de ahorro que tenían su domicilio social en Castilla y León, así como la posible vulneración de los derechos de los consumidores en la oferta de sus diferentes productos, la encargada de realizar las auditorías de KPMG entre los años 2004 y 2010 subrayó que el trabajo en Caja Segovia se realizó con el ''mayor rigor, seriedad y profesionalidad''.
Pese a las críticas de los portavoces de los grupos de oposición por la labor de la auditoría que no detectó ''lo que se avecinaba'' en la entidad, Fernández apuntó que el trabajo de una auditoría consiste en analizar los activos, pasivos y las provisiones de crédito, que contempla la norma, y emitir una opinión ''independiente'' sobre el patrimonio y las decisiones tomadas por los órganos de gobierno.
El asunto de las prejubilaciones millonarias a la cúpula de la desaparecida Caja de Ahorros de Segovia están en los tribunales puesto que tres exconsejeros y ocho exdirectivos de la entidad deberán sentarse en el banquillo de la Audiencia Provincial por la aprobación de unos subsidios que se estima que causaron un perjuicio de más de 24 millones de euros. Las acusaciones solicitan penas de prisión que oscilan entre los tres y los ocho años.
La auditora de KPMG recordó que Caja Segovia contaba con un plan específico de jubilaciones, que recogía las aportaciones que debían hacerse año a año. ''Nosotros revisábamos las cuentas anuales y comprobábamos que estuvieran dentro del marco normativo de los órganos reguladores y perfectamente contabilizadas en los balances pero no valorábamos las decisiones adoptadas por los órganos de gobierno de la entidad. No podemos ni debemos hacerlo'', precisó.
Fue una respuesta que repitió tanto cuando fue preguntada por las prejubilaciones millonarias pero también por los cursos de formación organizados para la cúpula de la caja en La Patagonia y Venecia. También contestó en la misma línea sobre la cualificación y la capacitación de los consejeros de Caja Segovia porque ''no puedo ni debo evaluar'' estos temas.
El portavoz de Podemos en la comisión, Pablo Fernández, preguntó el motivo de que las diferentes auditorías realizadas entre 2004 y 2010 no detectaran la deriva de Caja de Segovia, que llevó a su posterior desaparición. ''¿Por qué corroboraron que todo se hacía correctamente y al final, todo acabó como acabó''?, cuestionó. María Eugenia Fernández apuntó que las auditorías valoraban los estados financieros de la entidad y destacó la influencia de la crisis económica,que deterioró los ratios de todas las entidades, incluida Caja Segovia. ''Se verificó que en ese entorno, la contabilidad de los activos, pasivos y la existencia de provisiones por deterioro estaba dentro del marco legal'', recordó.
Fernández insistió si KPMG cree que ''se hizo algo mal'' en las cajas y en Caja Segovia, a lo que la compareciente reiteró que su labor como auditora no era emitir opiones sino elaborar informes sobre las cuentas de la entidad. De ahí que el líder de la formación morada dijera que una auditoría sirva para ''hacer las trampas al solitario'' a la propia caja o ''quien paga y encarga la auditoría, manda, y la auditoria hace el trabajo que le digan''.
El portavoz de Ciudadanos (CS), Manuel Mitadiel, se interesó por los créditos de dudoso cobro por parte de Caja Segovia y si KPMG realizó ''alguna observación'' sobre esa clasificación de préstamos. La auditora manifestó que su trabajo se limitaba a hacer pruebas selectivas para concluir si los estados financieros eran los que señalaba la entidad. Fue entonces cuando Fernández apuntó que el trabajo de una auditoría comenzaba entre septiembre y octubre, con reuniones al precierre de la entidad. Unos encuentros que servían, explicó, para que la auditora comunicara los ajustes que la caja debía llevar a cabo para comprobar las cuentas al final del ejercicio.
Cambio de criterios contables
Mitadiel preguntó por la serie de activos que se perdieron valor contable, del orden de 230 millones de euros. La compareciente respondió que ese dinero no se ''volatizó'' sino que entre 2009 y 2010 cambiaron los criterios contables de valoración y lo que antes se consideraba ''pérdida incurrida'' luego pasó a ser ''pérdida esperada''. Una modificación que derivó porque en 2010 Caja Segovia se iba a incorporar a una fusión SIP (Sistema Institucional de Protección), en concreto en Bankia.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, intervinieron Óscar Álvarez y José Ignacio Martín Benito, quienes destacaron el ''papel fundamental'' que jugaron las auditorías en la evaluación de las cajas de ahorros de la Comunidad. ''Nadie se dio cuenta lo que estaba sucediendo y que la locomotora iba acabar con el tren'', reflexionaron. La auditora de KPMG insistió que los profesionales hablaban con la dirección antes del cierre del ejercicio ''no como asesores sino como conclusión de la auditoría'', por lo que el equipo de dirección de Caja Segovia realizaba los ajustes necesarios.
La procuradora del Partido Popular Isabel Blanco preguntó si las diferentes auditorías realizadas esos años por KPMG detectaron que algún balance hiciera mención a una posible integración de todas las cajas de la Comunidad, a lo que la María Eugenia Fernández recordó que no hubo ningún apunte ya que eran análisis contables.
Finalmente, el portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión (IU), se interesó por el trabajo realizado por KPMG en la integración de Caja España y Caja Duero pero la compareciente aseguró desconocer los detalles de esa operación. También preguntó por la ''falta de rigor'' de Caja Segovia en el caso de la hipoteca millonaria que pesaba sobre el Torreón de Lozoya.