Las consecuencias por provocar un incendio forestal pueden ser muy elevadas, pero las condenas siguen siendo escasas. El principal problema no está en la ley, sino en demostrar quién provocó el fuego. Por eso, los expertos reclaman más medios y una mayor especialización en la investigación.

La pena más baja para el autor de un incendio es de entre uno y cinco años de prisión, además de una multa. Puede aumentar hasta los seis años si concurren circunstancias como una gran superficie quemada, graves daños a la fauna y la flora o un beneficio económico.

“Si además el fuego pone de manera clara en peligro la vida o la integridad de las personas, ya estaríamos en el tipo penal más grave. Y ahí podemos llegar hasta los 20 años de prisión”, explica Alfredo Abadías, profesor de Derecho Penal de la Universidad Internacional de La Rioja.

También influye si el incendio fue intencionado o fruto de una imprudencia. Y cuando hay víctimas mortales, las consecuencias penales son aún mayores. “Ya no hablamos solamente del delito de incendio, sino que también aparecería la posibilidad del homicidio o incluso el asesinato, con penas que podrían llegar incluso a la máxima, que es la prisión permanente revisable”, añade.

La legislación, por tanto, es severa. El problema es reunir las pruebas necesarias para identificar al responsable. “El monte es un lugar sin testigos, sin cámaras. Probar quién encendió la mecha o quién lo inició de forma dolosa o imprudente es muy difícil”, señala Abadías. De ahí que los especialistas insistan en reforzar los medios destinados a la investigación. 

Este año, en León, ya se han dictado dos condenas de conformidad, sin necesidad de celebrar juicio: tres años de prisión para el autor del incendio de Borrenes y cuatro años y medio para el del fuego de Berlanga del Bierzo, ambos ocurridos en 2025. “El condenado ingresa en prisión. Lo que pasa es que se evita al Estado un juicio largo, costoso y, a menudo, también se asegura la indemnización a las víctimas”, concluye Alfredo Abadías.

Mientras tanto, sigue abierto el debate sobre la necesidad de adaptar la legislación a los incendios de sexta generación.