Favorecer el regreso de quienes se marcharon de Castilla y León y contribuir a mantener vivos los pueblos son dos de las prioridades de la Consejería de la Presidencia. Su titular, Luis Miguel González Gago, ha presentado en las Cortes las principales partidas de su presupuesto, que supera los 197 millones de euros. Una comparecencia en la que también ha reclamado al Gobierno central mejoras en la financiación de las entidades locales.
Entre las medidas previstas destaca el refuerzo del programa Volver a Castilla y León, especialmente de las ayudas del Pasaporte de Vuelta. “Con una dotación inicial de 820.000 euros, casi un 60 % más que en los últimos ejercicios”, ha detallado González Gago. Además, se pondrá en marcha el teléfono 012 Retorno y un nuevo canal de atención a través de WhatsApp.
El presupuesto también contempla iniciativas para mantener los servicios en el medio rural, como las ayudas a los bares de los pueblos. Estos establecimientos podrán recibir una cantidad adicional si amplían su actividad comercial. “Vamos a sumar otros 3.000 euros si el bar incorpora además una pequeña tienda o ultramarinos”, ha anunciado el consejero.
En materia de financiación municipal, González Gago ha destacado el Plan de Cooperación Local, “que alcanzará los 559 millones de euros, la cuantía más elevada de la historia”. También ha anunciado una garantía con rango de ley para evitar que se reduzca el fondo de participación de los municipios en los impuestos propios de la Comunidad.
Las cuentas de la Consejería incluyen asimismo las partidas destinadas a la celebración del Día de Castilla y León, tanto en Villalar como en otros municipios, y las políticas de atención a las víctimas del terrorismo. Entre los objetivos legislativos figura culminar la Ley del Juego y avanzar en la Ley de Concordia. “Estamos avanzando en la definición del contenido de la Ley de Concordia de Castilla y León”, ha señalado González Gago.
La comparecencia también ha servido para trasladar varias reivindicaciones al Gobierno central. El consejero ha pedido que en la financiación se tengan en cuenta factores como “la despoblación, la dispersión y las características sociodemográficas de la población”. A ello ha sumado la petición de más fondos para la cooperación transfronteriza, la supresión de la cita previa y una mejor cobertura de los puestos de secretarios e interventores municipales.