Las Cortes de Castilla y León aprobaron la ley de garantías para los informantes de malas prácticas en el ámbito de la Administración de la Comunidad, calificada de "pionera" por el vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, mientras que la oposición, excepto C's, criticó que no se mantuviera el espíritu inicial y estimó que nace "muerta" y será una norma de "amenaza y persecución" para los empleados públicos que comuniquen presuntos hechos de corrupción.

El acuerdo entre PP y Ciudadanos motivó la aprobación de la ley conocida como Whistleblowing o 'tocar el silbato', frente al voto en contra de PSOE, Podemos, IU y UPL -mantuvieron 38 enmiendas, todas rechazadas- que coincidieron en que sea el Procurador del Común quien investigue la denuncia y no la Inspección General de Servicios de la Junta y que no "se amenace" con una falta grave ante una denuncia falsa.

En la presentación del proyecto de ley, el vicepresidente y consejero de la Presidencia destacó que no existe en el ámbito público español una norma de protección y garantías para los empleados públicos que denuncien presuntas prácticas de corrupción como la presentada y subrayó que las denuncias falsas o sin fundamento se consideran faltas graves frente a Aragón, única con un Estatuto del Denunciante, donde puede derivar en responsabilidades penales.

De Santiago-Juárez detalló el contenido de la norma y defendió, después de recordar que no estaba en el programa del PP y se aprueba a instancia de Ciudadanos, que el objetivo es avanzar en la regeneración democrática y la transparencia y prevenir conductas contrarias al interés general, con garantías para dar seguridad a los empleados públicos.

Sentirse útiles

El Grupo de Ciudadanos aprobó la ley tras el acuerdo sobre tres de sus enmiendas -rechazadas por Podemos e IU y con la abstención del PSOE- de manera que el personal laboral tenga las mismas garantías, que el inicio de una información reservada se comunicará al Comisionado de Transparencia (Procurador del Común), y que se amplía a un año las garantías para los informantes después de que dictamine la Inspección General o se dicte sentencia o se archive por el Ministerio Fiscal, plazo que se contempla también ante el traslado de puesto de trabajo para el informante.

"Si esta noche los corruptos duermen menos tranquilos y los empleados públicos más tranquilos, nos sentiremos útiles", defendió el portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, en la presentación del acuerdo, para resaltar que se trata de una norma pionera en España que, en su opinión, se abrirá camino en el ámbito nacional.

El popular Juan José Sanz Vitorio, satisfecho con el acuerdo con Ciudadanos, recordó que la ley nace una proposición no de ley del grupo naranja sobre la que la Junta ha tenido una voluntad política, cuando era un mandato de la Cámara y no una obligación. Alegó que el carácter reservado de la información que se abre ante una denuncia debe estar en la Inspección de Servicio. "Sólo en caso de denuncia falsa fehacientemente probada se podrá actuar contra el informante", aclaró.

De esa manera, Sanz Vitorio se refirió a las criticas de la oposición en relación a como se regularán las denuncias falsas, elemento que motivó el rechazó de PSOE, Podemos, IU y UPL. El popular insistió en que es una ley de protección y no de control o amenaza a quien denuncia.

Decepcionado con Ciudadanos

El socialista Luis Briones se mostró "muy decepcionado" con Ciudadanos porque el espíritu inicial no se comparte con lo que se aprueba hoy, sostuvo que no se ha buscado el acuerdo y vaticinó que la ley "nace muerta". Briones, en doce enmiendas, defendió que la investigación se realice por el Procurador del Común y no por la Junta y pidió la supresión de falta grave en casos de denuncia infundada. "No es una garantía, es una amenaza", aseveró.

"Estamos decepcionados de como se ha tramitado, compartíamos el espíritu", reprochó la procuradora de Podemos Natalia del Barrio, que mantuvo vivas cinco enmiendas, pero que calificó de "persecución" como se regulan las denuncias falsas en la nueva norma cuando ya lo están en el Código Civil. "Es una doble regulación porque no se fían de los funcionarios", remachó.

El procurador de UPL, Luis Mariano Santos, en sus cinco enmiendas, defendió que la garantía para evitar el perjuicio a la situación laboral de los informantes debe alcanzar un mayor período de tiempo que el de la sentencia firme o el archivo definitivo -planteo dos años-, y pidió la creación de la Comisión de Garantías del Servidor Público, entre otras. Al no ser aceptadas, afirmó que no votaría a favor, algo que le reprochó el portavoz del PP, Juan José Sanz Vitorio, en la replica.

Por su parte, José Sarrión (IU), que mantuvo 16 enmiendas ante el pleno, consideró que podía haber sido una buena ley pero "se ha convertido en redundante" y defendió que no se hable de delitos sino de actos contra la administración públicas que pueden suponer un perjuicio aunque no sean ilegales.

"Quién vigila a los vigilantes", se preguntó, para defender que el órgano de control fuera el Comisionado de Transparencia (Procurador del Común) y no uno dependiente de la Junta como la Inspección General de Servicios, aspecto por el que no compartió el texto además de que los informantes sean acusados por denuncias falsas. "Creíamos en su filosofía, pero es una ley que ha sido pervertida", aseveró, para añadir que se llama "segunda ley mordaza" por Pladecu. "Tiene que ser un órgano interno porque es una información reservada", argumentó Ana Rosa Sopeña (PP).

Tramitación de la denuncia

La Inspección General de Servicios tramitará una información reservada que tendrá carácter prioritario sobre las denuncias presentadas, que dispondrá de un plazo de dos meses para desarrollar la labor inspectora, si bien no podrá exceder de seis en el caso de su ampliación para casos más complejos.

En aquellos casos en los que de las actuaciones se detecte la posible existencia de una infracción administrativa, la información reservada finalizará con la emisión de un informe que contendrá la propuesta de apertura de expediente sancionador y se remitirá al órgano competente para su incoación.

Además, cada año la Consejería de la que dependa la Inspección General de Servicios remitirá un informe a la Comisión correspondiente de las Cortes de Castilla y León, en el que se incluirá el número de informaciones recibidas y el órgano al que se le hayan dado traslado en cumplimiento de las previsiones de la presente ley.

En cuanto a las garantías, se recoge que contra la persona que haya facilitado la información no podrá adoptarse ninguna medida que venga motivada por tal actuación y que perjudique su relación de servicio o condiciones de trabajo.

Por otro lado, se considerará falta grave la presentación de informaciones infundadas cuando en las actuaciones llevadas a cabo en la información reservada se pruebe de forma manifiesta su falta de fundamento o mala fe, sin perjuicio de las consecuencias que establece el ordenamiento jurídico para los supuestos de acusación y denuncia falsas y simulación de delitos tipificados en el Código Penal.