Los médicos forenses que examinaron el cuerpo de María A, la mujer de 73 años fallecida en octubre de 2018 tras ser víctima de un robo en su domicilio de la Plaza Circular de Valladolid, califican de "etiología homicida" la muerte de la titular del inmueble a causa de los golpes recibidos y las dificultades respiratorias provocadas por la cinta americana que usaron los autores para amordazarla.

La pericial forense aportada por ambos profesionales determina que la septuagenaria presentaba hasta un total de 13 lesiones, de ellas ocho sufridas antes de fallecer y el resto postmorten o incluso anteriores.

En el caso de las padecidas en los momentos previos al óbito, el informe refiere lesiones por traumatismo en la cabeza, con afección a la zona de ambos ojos y la nariz, la región malar derecha, la zona del parietal izquierdo, el hombro, una mano y el antebrazo, entre otras, que provocaron a la anciana una hemorragia occipital que, de no haber fallecido, hubieran obligado a su internamiento hospitalario y tratamiento correspondiente al tratarse de lesiones "graves".

Dos agentes de la Policía Nacional que efectuaron el análisis de ADN en el escenario de los hechos han situado en el mismo a tres de los seis encausados, Antón A.M, Gabriel E.K. y Gabriel M.K, a tenor del perfil genético del primero localizado en la superficie de la cinta americana usada para maniatar y amordazar a la anciana, los restos del segundo en una mancha de sangre hallada en la palma de la mano izquierda de la víctima y en una caja de cartón y los del tercero, exclusivamente, dejados en la referida caja.

En el inmueble, por contra, no aparecieron huellas ni perfil genético de los otros tres acusados, Rubén A.R, Emil A.M. y Arso A.I.

También han comparecido dos expertas del Servicio de Histopatología que, en una pericial de escasa relevancia, han testificado para confirmar que la víctima presentaba una severa hipertrofia cardiaca, como demuestran los cerca de 800 gramos que pesaba dicho órgano--supone una "patología crónica importante"--, que nada tiene que ver con su muerte.

El proceso trata de dirimir si el empresario protésico dental Rubén A.R, presunto cabecilla, se concertó con Arso A.I. para, con el apoyo de los también búlgaros Emil A.M, Antón A.M, Gabriel E.K. y Gabriel M.K, perpetrar un robo en una vivienda de la Plaza Circular que ocupaba María A, de 73 años, para apoderarse de importantes cantidades de dinero y joyas que, a través de un informante no identificado, sabían que guardaba en una caja fuerte.

El robo, sin embargo, se complicó y tres de los autores materiales del asalto acabaron con la vida de la anciana--falleció a causa de una insuficiencia cardiaca--tras golpearla brutalmente y dejarla maniatada y amordazada al abandonar de forma precipitada el inmueble, sin que obtuvieran más que unos anillos que arrebataron a la víctima.

La fiscal del caso y un hijo de la víctima entienden que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato, robo con violencia en casa habitada, detención ilegal y pertenencia a grupo criminal, con una petición global en el primer caso de 31 años de cárcel y en el segundo de 38 años, a sustituir por prisión permanente revisable, mientras que otra de las hijas de la anciana entiende que la muerte de ésta se encuadra en un homicidio y por eso solicita 21 años de privación de libertad.

De los seis acusados, tan solo Antón A.M. y Gabriel E.K. han confesado su participación en el robo. La defensa del primero solicita un año por robo en casa habitada en grado de tentativa, pero el letrado del segundo mantiene la absolución al haber impugnado, por inconstitucionales, las imágenes recogidas en cámaras de seguridad del entorno de la vivienda de la víctima y, alternativamente, pide una condena por delito de robo en grado de tentativa y lesiones en concurso con un homicidio imprudente.