Castilla y León es una de las autonomías que hará frente a la ley Celaá. Asegura que en cuanto termine su tramitación en el Senado tomará las medidas jurídicas que considere oportunas que, después, también dialogará con el sector educativo. Por el momento, Castilla y León no permitirá pasar de curso con suspensos en Bachillerato. Otras comunidades sí que han detallado ya su estrategia a seguir. La Comunidad de Madrid se plantea llevarla al Constitucional y aprobará una ley educativa autonómica. Murcia analiza opciones legales para frenar la reforma. Galicia confirma que seguirá manteniendo el castellano como lengua vehicular y busca cómo seguir apoyando a la concertada. Las comunidades donde gobierna el Partido Popular luchan contra la ley Celaá a través de la recogidas de firmas como la que se ha convocado este próximo jueves frente al Congreso de los Diputados. La eliminación del castellano como lengua vehicular molesta incluso a la Real Academia de la Lengua que pide al Gobierno mantener la protección que exige la Constitución Española.