La Justicia en tiempos del coronavirus se adaptó a las circunstancias. Durante tres meses se suspendieron los juicios por el estado de alarma, pero se potenciaron los telemáticos, el turno de tarde voluntario para los funcionarios e incluso, se habilitó el mes de agosto para trabajar en temas pendientes. Todas estas medidas temporales se aprobaron por el Consejo de Ministros pero no han sido suficientes para evitar el colapso en algunos juzgados, como el de lo mercantil. 

La avalancha de demandas provocadas por la pandemia está retrasando los juicios una media de dos meses en Castilla y León: "Casos que son urgentes como los despidos se están posponiendo para el mes de marzo o mayo y otros asuntos se señalan para noviembre", destaca el funcionario de Justicia y delegado de CCOO, Raúl Franco. 

En los despachos de abogados crecen las consultas, se acumulan los casos, sobre todo, de trabajadores que quieren cobrar sus salarios pendientes. Los profesionales indican que lo peor está por llegar, cuando el 31 de mayo termine la prórroga de los ERTE y las ayudas a los autónomos.