El Consejo de Gobierno aprobó en su sesión de este jueves el proyecto de ley por la que se regula la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad de Castilla y León y se establece el estatuto de las personas denunciante, cuyo ámbito de aplicación abarca a todos los colectivos y personas físicas que perciban ayudas autonómicas.

Así lo manifestó el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que recordó que se trata de un compromiso del acuerdo de gobernabilidad firmado en 2019 por PP y Cs ante “percepción en la sociedad” de corrupción en las instituciones.

De carácter independiente y autónomo, éste nuevo órgano estará adscrito a las Cortes de Castilla y León y su responsable será nombrado por tres quintas partes de los grupos del Parlamento autonómico. Igualmente, se amplía el concepto de denunciante a cualquier persona que se dirija a la oficina, incluso desde el anonimato.