PROTECCIÓN DEL LOBO

UCCL avisa de que la protección del lobo supondrá que Castilla y León no podrá hacer control poblacional

El coordinador autonómico de UCCL, Jesús Manuel González Palacín - Ical
Castilla y León Televisión

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha criticado la decisión de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) y del Catálogo Español de Especies Amenazadas y ha advertido de que supondrá que la Comunidad castellanoleonesa no podrá hacer un control poblacional de esta especie en las zonas que así lo requieran, mediante una gestión cinegética "eficaz y controlada".

UCCL ha censurado que el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) no haya escuchado a las comunidades autónomas ni a las organizaciones agrarias y considera "incomprensible" que aquella que no tienen lobo "impongan su ecologismo radical" y haya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden que modifica la situación del lobo.

Según ha expresado la organización agraria en un comunicado esto supone "un ataque frontal a la ganadería extensiva y una presión insoportable para muchas explotaciones".

UCCL ha recordado que la actividad ganadera en el medio rural es una actividad "esencial" tanto desde el punto de vista medioambiental como social, al contribuir por un lado al mantenimiento de una población activa real en un territorio cada vez más despoblado y a ayudar a mantener los montes limpios de maleza y prevenir los incendios.

A este respecto, ha incidido en que en el año 2020 en Castilla y León se registraron 4.500 ataques de lobos que ocasionaron la muerte a 6.000 cabezas de ganado, sin contar los animales heridos y/o desaparecidos, ni los abortos que se producen a consecuencia del estrés a los que son sometidos tras un ataque.

Así, ha asegurado que las pérdidas de los ganaderos de Castilla y León se pueden estimar en más de 5 millones de euros todos los años y la Administración tan solo compensa el 20 por ciento de los daños.

"Esta situación se hace insostenible para los ganaderos ahora que no se podrá realizar un control poblacional del lobo por parte de las comunidades autónomas que favorezca el equilibrio del ecosistema, y va a suponer un grave peligro para la supervivencia de las explotaciones ganaderas de las que viven en torno a 35.000 familias", ha afirmado la organización, que ha lamentado que "esta es la capacidad de diálogo que tiene el Ministerio".