La fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer, Pilar Martín Nájera, advirtió hoy en Valladolid que el silencio es el ''cómplice'' del delito de violencia de género. De ahí que apostara no solo por sensibilizar a la sociedad sino contar con una ''implicación activa'' de todos los ciudadanos. No en vano, abogó por implicar a toda la sociedad, desde cualquier ámbito, y no solo a los servicios sociales y asistenciales. ''Necesitamos la intervención de cada uno de los ciudadanos, como personas individuales'', aseveró. Y citó a los familiares, los amigos, los vecinos y los compañeros de trabajo de la víctima de violencia de género. ''Es importante que la gente no se calle y comunique lo que pasa porque así entre todos podremos avanzar y erradicar esta lacra'', sentenció.
Martín Najera aprovechó la inauguración del curso sobre violencia de género, en el marco del convenio de formación y colaboración entre la Fiscalía de la Comunidad y la Junta de Castilla y León, para reiterar que los maltratos no son ''algo'' del ámbito privado. ''Hemos avanzado mucho pero hay que dejar claro que no es un delito que se comete entre la familia porque es un delito contra los derechos fundamentales'', recordó. Y así lo recoge, apuntó, el Convenio de Estámbul, la ONU y la Ley Orgánica 1/2004 que dice que es un delito público que no necesita la denuncia de la persona agredida sino que cualquier persona puede denunciar y da lugar a una actuación judicial.
También alertó, que el sexismo es la ''cuna'' donde nacen los acosos y las agresiones sexuales. De ahí que demandara ''intolerancia'' hacia la postura sexista de determinadas personas que realizan chistes fáciles y comentarios machistas. ''Si hubiera más intolerancia, el chistoso de turno no sería tan gracioso'', aseveró.
La fiscal, natural de Palencia, apostó por la coordinación de todos los implicados en la lucha contra la violencia de género al ser la única manera de dar una ''respuesta integral, adecuada y eficaz'' a la víctima que decide acudir a la justicia para denunciar y solicitar su protección y que se actúe contra el agresor.
También demandó más recursos. Hizo hincapié en la necesidad de implantar, y así lo ha hecho llegar la Fiscalía al Pacto de Estado contra la violencia de género, las unidades integrales de valoración forense del riesgo, compuestas por un médico forense y un psicólogo. Ello permitirá que estos profesionales estén en los juzgados de guardia para que hagan un informe provisional y urgente sobre la situación de riesgo en que se encuentra la mujer. De tal manera, cuando la víctima acuda al juzgado a solicitar la orden de protección, los jueces y los fiscales contarán con la valoración policial y con la del equipo especializado del médico forense y psicólogos.
Pilar Martín reconoció que todos los casos de violencia de género son ''excesivos'' pero se mostró esperanzada con los últimos datos. Habló del incremento de las denuncias, el descenso del uso de las dispensas a la obligación de declarar como testigo y el aumento del número de las condenas. ''Ahora, nos falta implicar a toda la sociedad para avanzar en esta materia'', concluyó.
El secretario general de la Consejería de Presidencia, José Manuel Herrero, recordó que el curso celebrado hoy se enmarca en un convenio firmado entre la Junta de Castilla y León y la Fiscalía de la Comunidad. No en vano, a la jornada de violencia de género le seguirán en noviembre otras sobre discapacidad e incendios para mejorar la formación de fiscales, letrados y funcionarios públicos de la administración autonómica. En el caso de la violencia de género, se abordaron temas de índole jurídica y de interés social, que son claves para el intercambio de ideas y el debate desde diferentes puntos de vista.
Protección de los menores
Por su parte, el gerente de Servicios Sociales, Carlos Raúl de Pablos, incidió que este curso también es posible gracias al convenio de colaboración en el modelo 'Objetivo Violencia Cero' para la formación de fiscales. Destacó la importancia de mejorar la coordinación en el ámbito de menores como su protección cuando sufren violencia de género. No en vano, recordó que la ley autonómica fue pionera en reconocer a los menores como víctimas de violencia de género y que se beneficien de los mecanismos de protección como las casas de acogida y los recursos de acción urgente. Precisó que el año pasado 900 personas recibieron asistencia psicológica en el modelo, de los que 206 fueron menores.