El 6 de mayo del año 2005, la despoblación ya fue una cuestión de Estado. Al menos así se preveía cuando, ese día, se aprobó en Consejo de Ministros el Plan Específico para Soria, siendo presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Se llevaría a cabo en cuatro años y con un presupuesto de más de 326.000 millones de euros. Entre las medidas que incluía ya estaba la nueva cárcel, la Autovía del Duero y también la mejora de los accesos ferroviarios a Soria, por ejemplo, con la modernización de la línea Soria-Torralba.

Cinco años después, en el año 2010, la Junta de Castilla y León puso en marcha la Agenda para la Población, que se preveía que funcionase hasta 2020. Las medidas solo se plantearon para los cinco primeros años y se tenía previsto invertir más de 2.900 millones de euros. Apostaba, sobre todo, por la formación y emancipación de los jóvenes, pero resultó infructuoso: en vez de frenar el éxodo juvenil, la población en los últimos diez años ha caído un 6%.

Otro intento más ocurrió en 2015, con la Declaración de Soria. Junto con Teruel y Cuenca firmaron un acuerdo para lograr ya una fiscalidad diferenciada para estos territorios. El entonces presidente de la Diputación, Antonio Pardo, se comprometió a instar a los gobiernos regional y nacional a tener en cuenta estas desigualdades.

Más recientemente, en 2017 se firmaba el Plan Soria y en 2018, la entonces ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, visitaba la segunda feria para la repoblación de la España vaciada. Actos y anuncios que no han conseguido frenar la sangría poblacional soriana.