El déficit del conjunto de las administraciones públicas (AAPP) cerró 2020 en el 10,09% del PIB como consecuencia del mayor gasto para hacer frente a la pandemia, tras situarse en 113.172 millones de euros, lo que supone un incremento de 77.557 millones respecto al ejercicio anterior. Incluyendo la Sareb, el déficit público se situó en el 10,97% del PIB.

En este sentido, y después de los datos de ejecución presupuestaria correspondiente al año 2020 expuestos este lunes en rueda de prensa por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Castilla y León arrojó un superávit del 0,04%, lo que le convierte en una de las nueves autonomías que presentan números en positivos en plena crisis sanitaria.

El dato final se sitúa más de un punto por debajo de la estimación del Gobierno (11,3%) y es la segunda cifra más alta de la historia, después de que en 2012, el peor año de la crisis financiera, el déficit se situara en el 10,6% del PIB, incluyendo el rescate a la banca.

La distribución de los datos de 2020 por subsectores muestra que la Administración Central asumió la mayor parte del coste de la pandemia, con una tasa de déficit que se situó en el 7,49% del PIB; las comunidades autónomas registraron un déficit hasta el 0,21%; la Seguridad Social, del 2,65%; y las entidades locales presentaron un superávit del 0,26% del PIB.

Este resultado se debe a un aumento del gasto en 53.070 millones de euros respecto al año anterior, y el 85% de esta cifra corresponde a medidas adoptadas para mitigar los efectos de la pandemia.

En concreto, se tratan de 44.907 millones ligados directamente a las políticas discrecionales puestas en marcha para luchar contra las consecuencias económicas de la pandemia, de los que más de 40.000 millones, el 90% del total, han sido asumidos por el Estado.