El Gobierno de Marruecos ha sido informado de que el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, se dispone a abandonar España tras recibir el alta médica y después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz haya decidido no dictar medidas cautelares en su contra.
Según las fuentes, las autoridades marroquíes han sido informadas "a través de cauces diplomáticos" de la salida de Ghali, quien "portaba la documentación a su nombre con la que entró en España", refutando así las informaciones que apuntaban a que usó un pasaporte falso.
Desde que se supo que el Gobierno español había acogido a Ghali en España por motivos humanitarios para que recibiera tratamiento contra la COVID-19, Marruecos ha venido criticando el que pese a la relación de buena vecindad que une a los dos países no se le informara de antemano.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han confirmado que Ghali ha recibido el alta médica en el hospital de Logroño en el que estaba ingresado y tiene previsto abandonar España "esta misma noche" en un avión civil desde el aeropuerto de Pamplona.
"Ghali llegó a España en situación crítica y fue acogido por razones humanitarias", han recordado las fuentes, defendiendo una vez más la decisión del Gobierno de permitir la llegada del líder del Polisario, sobre el que había causas judiciales pendientes
En este sentido, las fuentes han incidido en que tras prestar declaración por vía telemática desde el hospital ante Pedraz, este ha decidido no dictar medidas cautelares, por lo que "no tiene restringida su libertad de movimientos", lo que permite pues su salida de España.
La crisis aún no está cerrada
Aunque aparentemente el Gobierno busca dar carpetazo a la crisis con Marruecos con la salida de Ghali, lo cierto es que Rabat ya ha dejado claro que su presencia en España no es la verdadera razón, sino que el telón de fondo es la negativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez a cambiar su postura respecto al Sáhara.
Rabat reaccionó con enfado desde el primer momento que se conoció que Ghali estaba ingresado en España, empezando por convocar al embajador español en Marruecos, Ricardo Díez-Hochleitner, el 22 de abril para pedirle explicaciones.
Sin embargo, los argumentos ofrecidos por el Gobierno no fueron suficientes para Marruecos, que fue elevando el tono en sus mensajes de forma paulatina, advirtiendo de que la relación bilateral estaba en juego.
Así, el 8 de mayo, el Ministerio de Exteriores marroquí publicó un duro comunicado en el que avisaba de "consecuencias" por la decisión "premeditada" de España de no informarle por adelantado de su decisión y descartando los motivos humanitarios detrás de la misma.