CCOO exigirá en la próxima reunión de la mesa del autónomo un programa para facilitar el relevo generacional de los trabajadores por cuenta propia en el medio rural. La delegada de Castilla y León de la Asociación de Trabajadores Autónomos y Dependientes (Tradecyl) del sindicato, Rosa Eva Martínez, denunció que los pequeños negocios en los pueblos "caen" y es preciso analizar por qué y elaborar medidas y poner recursos para que continúen con su actividad, como elemento dinamizar de la economía para fijar población.
El secretario de Organización y Comunicación de CCOO en Castilla y León, Luis Fernández Gamazo, expuso, durante una rueda de prensa de presentación de un estudio sobre el colectivo elaborado por Tradecyl, que esta actuación debería formar pare de cualquier programa de lucha contra la despoblación o de dinamización territorial de la Comunidad. Y es que, como recordó, este colectivo presenta un importante peso dentro de la afiliación total de trabajadores en Castilla y León, junto al carácter eminentemente rural de la Comunidad.
El informe que se presentó a los medios indica que en la Comunidad hubo de media en el segundo trimestre del año, 195.394 autónomos, el 21,1 por ciento del total de afiliados, con una merma del 2,8 por ciento respecto a 2018; de los que el 20,4 por ciento se dedicaba al sector primario (15,3 por ciento agrarios). De estos, 123.011 eran personas físicas, que descendieron en 2.361 respecto al mismo trimestre del año anterior, con un 27,7 por ciento dedicados al campo. "Hay que frenar la caída de este colectivo o establecer medidas para mantener los proyectos emprendedores en el tiempo", dijo.
El colectivo de autónomos físicos estaba integrado por 43.766 mayores de 55 años, es decir, el 35,6 por ciento del total cuando en el conjunto nacional representaron el 27,2 por ciento. "Respecto a 2008, este colectivo se ha envejecido al aumentar paulatinamente la proporción de personas de más edad a costa de diminuir la de los más jóvenes", señaló Martínez, quien preciso, que en 2019, el grupo de mayores de 55 año aumentó en 806 personas en relación al ejercicio anterior.
Fiscalidad
Por otra parte, Fernández Gamazo y Martínez analizaron la situación fiscal del colectivo y exigieron una "reforma urgente" que pase por la modificación de su régimen especial de la Seguridad Social vinculando las cotizaciones a ingresos reales; y la sustitución del régimen fiscal de estimación objetiva por otro directo.
El responsable de Organización de la central lamentó que el colectivo sigue tirando de "mecanismos de elusión fiscal" y "no cuadran las cotizaciones, con la realidad de estas personas". Así, resumió que estas demandas constituyen algunos de los elementos "clave" para la reforma fiscal y "permitirían mejorar notablemente los ingresos del estado, así como las prestaciones de estos trabajadores".
En este sentido, pusieron sobre la mesa que el 85,2 por ciento de los autónomos cotiza por la base mínima. Al respecto, concretaron que el 43,7 por ciento del total de pensiones de este colectivo tiene que recibir un complemento medio de 223 euros para alcanzar el mínimo. La pensión media del colectivo está en 667,29 euros (735,46 euros la de jubilación, con un 40,8 por ciento con complemento medio de 199,4 euros).
Asimismo, denunciaron las dificultades de acceso a prestaciones del colectivo, que sin embargo si que se beneficia de medidas como la tarifa plana, con la que "una vez que acaba la ayuda, vuelven al desempleo y en peores condiciones, ya que muchas personas han capitalizado el desempleo para contribuir a financiar el lanzamiento de su nueva actividad". Así, platearon que esta medida llegue acompañada de apoyos para el fomento del trabajo "formado-informado" con cualificación, estudios de mercado y financiación suficiente y en condiciones óptimas.
Otras reivindicaciones
Martínez trasladó otras reivindicaciones para el colectivo y reclamó la bonificación del 100 por ciento de la cuota de contingencias comunes en las bajas de autónomos. Asimismo, exigió la desvinculación de las mutuas de la gestión del pago de cese de actividad facilitando el acceso al mimo y que pase a ser gestionado por el servicio público de empleo.
Por otra parte, planteó la posibilidad de que las parejas de hecho puedan ser colaboradores familiares; políticas activas para impulsar la creación de microempresas y autoempleo; y normativa para el acceso a créditos de formación específica y continua.
Trades
Por último, Rosa Eva Martínez denunció que la Seguridad Social no facilita datos de los trabajadores autónomos dependientes (Trades) desde enero de este año, cuando es una figura jurídica reconocida y exigió que se ofrezca información del colectivo; y que se cree un registro público obligatorio para estas personas y sus contratos mercantiles.
Los últimos datos disponibles, dijo, reflejan que en Castilla y León a finales de 2018, había 392 de estos trabajadores, un dato "completamente ajeno a la realidad", dijo. Al respecto, afirmó que muchos trabajadores de los transportes, los seguros y los servicios deberían estar incluidos en esta categoría, ya que más del 75 por ciento de sus ingresos procede de un único contrato mercantil; una situación que se dispara en el caso de los repartidores de venta on line de comida o medicamentos.