El pleno del Consejo Económico y Social (CES) ha aprobado este viernes por unanimidad el informe a iniciativa propia sobre 'El sistema de solución de conflictos en Castilla y León' (SERLA) y ha acordado enviar el documento al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al jefe del Legislativo, Carlos Pollán, para que tengan conocimiento de las "graves consecuencias" que tiene la eliminación de este instrumento de concertación.
Este informe ha sido aprobado en el Pleno del Consejo Económico y Social de Castilla y León celebrado este viernes con un único punto del orden del día, la aprobación de este informe a iniciativa propia en el que se ha trabajado desde febrero de 2022 y que da cuenta de la actividad y de los resultados de la Fundación del SERLA.
Según han informado CCOO y UGT en un comunicado conjunto, el informe concluye que la falta de financiación y la extinción de la Fundación SERLA supondría que el sistema diseñado por los agentes económicos y sociales en todo el Estado no podría operar en Castilla y León lo que implicaría "una serie de diversos problemas muy graves a trabajadores y empresas de la Comunidad", aspectos que trasladarán ahora a Mañueco y a Pollán.
El informe también considera "necesario" que se analicen "con detenimiento" las implicaciones "legales, económicas y sociales" que podrían derivarse de la disolución del órgano autonómico de solución de conflictos laborales "dado el carácter de servicio público que tiene".
Y recomienda que se garantice la financiación y la continuidad del SERLA. En concreto, estima que la financiación pública del SERLA podría llevarse a cabo mediante "otros instrumentos", bien sea otra consejería --en la actualidad depende de la Consejería de Industria que gestiona Vox en el Gobierno de coalición--, o bien otra entidad u otro organismo del sector público autonómico.
En cuanto a la continuidad, se plantea que se haga con "financiación pública suficiente" o que se dote "a través de otra vía institucional" de los "medios adecuados para que sus importantes funciones se sigan desarrollando ininterrumpidamente".
Tras la aprobación por unanimidad de este informe, el secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO, Fernando Fraile, ha pedido a la Junta de Castilla y León que deje de confundir a la opinión pública sobre este asunto y ha reclamado a la parte mayoritaria del Gobierno autonómico, el Partido Popular, que "se deje de folklore" y "de jugar con las palabras" para no confundir a la opinión pública".
El sindicalista ha pedido al Gobierno de Castilla y León que explique que la mediación de los conflictos laborales legalmente establecida se va a seguir realizando en el SERLA de acuerdo con la sentencia que la Junta ganó en el Tribunal Supremo, que establece la "exclusividad" del SERLA para el conocimiento de los conflictos laborales en la Comunidad.
A través de un comunicado de prensa recogido por Europa Press, Fraile ha aclarado que fue la propia Junta de Castilla y León la que recurrió al Supremo en casación para que el SERLA tuviera la "exclusividad" en el tratamiento de los conflictos laborales y ha recordado al respecto que el juez le dio la razón.
"Por ese motivo, es realmente preocupante que la Junta ahora haya iniciado la tramitación para la eliminación del SERLA yendo en contra de sus propios actos", ha sentenciado Fernando Fraile.
Este informe da cuenta de la actividad y de los resultados de la Fundación del SERLA, constituida en 1997 como solución autónoma de conflictos laborales de la Comunidad Autónoma a través de los procedimientos de conciliación-mediación y de arbitraje, e incluye, además, una serie de conclusiones y recomendaciones.
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