El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de la Junta de Castilla y León contra el Estado para reclamar las cantidades debidas a la Comunidad en la liquidación del sistema de financiación autonómica de 2017 correspondientes al IVA que suman un total de 182 millones.
Según informa la Consejería de Economía y Hacienda, el recurso contencioso-administrativo admitido a trámite por el Tribunal Supremo ha sido presentado por la falta de respuesta por parte del Consejo de Ministros.
Tras la interposición del recurso contencioso-administrativo por parte de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Junta, el Tribunal Supremo lo ha admitido a trámite, juicio que se sustanciará los próximos meses, "lo que constituye un paso importante para hacer efectiva la reclamación de la Comunidad Autónoma y cobrar la cantidad a la que Castilla y León tiene derecho", defienden las mismas fuentes.
El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, remitió la reclamación de la cantidad al Consejo de Ministros en febrero "sin obtener respuesta alguna".
Por ello y según relatan las mismas fuentes, en el mes de julio el titular de Economía y Hacienda presentó el requerimiento dirigido al Consejo de Ministros por las repercusiones en la liquidación del sistema de financiación del ejercicio 2017, al amparo del artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa, y con carácter previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo, "que tampoco ha tenido contestación expresa del referido órgano de Gobierno estatal".
La Junta de Castilla y León solicita al Gobierno que se paguen a la Comunidad las cantidades debidas como consecuencia de la pérdida de ingresos en la liquidación del año correspondiente al IVA, que ascienden a 120,49 millones de euros. También, se reclama el abono de las cantidades correspondientes al nuevo cálculo de la variación de los Ingresos Tributarios del Estado y la repercusión en los fondos del sistema de Financiación Autonómica, que asciende a otros 61,51 millones de euros.
Según explican desde la Consejería de Economía y Hacienda, esta cantidad corresponde a 30,98 millones de euros del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, 21,21 millones de euros del fondo de Suficiencia Global y 9,32 millones de euros del Fondo de Cooperación. La Junta también pide que se paguen a Castilla y León los intereses correspondientes a las cantidades reclamadas.
Según ha aseguran las mismas fuentes, la Junta ha intentado "en todo momento" llegar a una solución y ha realizado en los últimos dos años "numerosos intentos" en el marco de la "lealtad institucional" para la reclamación del pago de las cantidades que se adeudan a Castilla y León por las repercusiones en la liquidación del Sistema de Financiación del ejercicio 2017 correspondientes al IVA.
Así, rememora que la Comunidad advirtió el 19 de julio del 2018 en el Consejo de Política fiscal y Financiera y el 31 de julio al Ministerio de Hacienda del "efecto negativo" que la implantación del Suministro de Información Inmediata del IVA tendría sobre la liquidación de este impuesto en las comunidades autónomas, así como la necesidad de adoptar las medidas oportunas para paliar dicho efecto en la recaudación.
Por su parte, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el 26 de agosto de 2019 remitió una carta al presidente del Gobierno para mostrar su preocupación por no haberse hecho efectivos en la liquidación definitiva de 2017 los recursos compensatorios tras el cambio de normativa e indicó que esta situación estaba causando "dificultades" en la sostenibilidad de los servicios públicos de la Comunidad y en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
El 29 de agosto de 2019, el consejero de Economía y Hacienda se dirigió a la ministra de Hacienda para trasladar su preocupación por no haber recibido la actualización de las entregas a cuenta de 2019 y por no haberse hecho efectivos los recursos compensatorios por la implantación del Suministro de Información Inmediata del IVA, solicitando además la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
A esto añaden que las Cortes de Castilla y León aprobaron el 5 de febrero de 2020 una proposición no de ley para solicitar al Gobierno de España el abono de estas cantidades y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el 7 de febrero de 2020 se reiteró de nuevo la petición.