ECONOMÍA

El 90% de los empleados de la Junta consideran que la calidad de los servicios públicos ha empeorado

  • CSI-F reclama a la administración autonómica que apruebe una declaración institucional en defensa del funcionario.

Ical

El 90 por ciento de los empleados de la Junta de Castilla y León considera que desde 2010, cuando se intensificaron los recortes económicos, la calidad de los servicios públicos ha empeorado, y el mismo porcentaje asegura que su carga de trabajo se ha visto incrementada y que ha sufrido una pérdida de derechos laborales. Así se pone de manifiesto en una encuesta realizada por el sindicato CSI-F y que hoy fue presentada a la viceconsejera de Función Pública y Modernización, Rocío Lucas.

Este estudio demoscópico, realizado entre 9.500 de los 86.000 trabajadores de la Junta, se incluye en la campaña puesta en marcha por el sindicato 'Estamos x Ti' y con la se quiere reclamar a la Junta que ponga en marcha una serie de medidas para dignificar el trabajo del empleado público.

El presidente autonómico de CSI-F, Carlos Hernando, reitero que le objetivo no es otro que recuperar “unos derechos y unas condiciones laborales injustamente arrebatadas por los políticos al responsabilizarnos de una crisis y de una coyuntura económica de que nosotros también hemos sido víctimas”.

Además, desde el sindicato se ha solicitado a la Junta que apruebe una declaración institucional en defensa del empleado público, así como ciertas medidas para reconocer el trabajo de los funcionarios, entre las que ha propuesto una campaña de publicidad en los medios sobre el “papel de servidor a la sociedad del empleado público”, un manual de buenas prácticas, jornadas de puertas abiertas, la convocatoria de un premio o un concurso de cuentos.

En el caso de los empleados públicos de Educación, donde la encuesta se ha realizado entre un millar de docentes, el 84 por ciento de los empleados indicó que el número de profesores se ha reducido y el 80 por ciento consideró que la calidad de la enseñanza es peor.

Así, la responsable autonómica de educación, Isabel Madruga, denunció que la “prisa” por implantar la Lomce está provocando una gran incertidumbre en el sector y destacó que lo realmente necesario es que las bajas se cubran con rapidez, que se recuperen las horas lectivas perdidas y el ratio de alumnos por aula y que los docentes “empecemos a recobrar el 25 por ciento de poder adquisitivo perdido durante estos años”.

Por su parte, el responsable de Sanidad, Javier Hernando, destacó que entre los casi 4.000 encuestados de este sector sólo el 8,8 por ciento considera que han tenido cubiertas las necesidades de material y el 68 por ciento considera que los recortes y la mayor carga de trabajo esta afectando negativamente a su salud.

Por otra parte, el 63 de los empleados consultados consideran que la actuación de los sindicatos no ha sido la adecuada.