El Consejo de Ministros aprueba este martes 6 de julio el proyecto de ley de Garantías de la Libertad Sexual tras más de un año desde su aprobación como anteproyecto. El texto que llega ahora al Gobierno cuenta con una nueva definición de consentimiento "en positivo", tras los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado en sus informes.
La redacción será: "Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".
Tal y como ha informado el Ministerio de Igualdad, esta fórmula está en la línea de la definición que da el Convenio de Estambul en su artículo 36.2. Además, indica que este modelo de consentimiento en positivo ya ha sido acogido por otros países como Suecia o Gran Bretaña.
Desde el departamento que dirige Irene Montero indican que, cuando entre en vigor la norma, las víctimas "ya no tendrán que acreditar que se han resistido o que ha habido violencia". De esta forma, se entiende que "todo acto sexual sin consentimiento será agresión" y se "eliminan" los abusos sexuales del Código Penal.
La norma recuerda el Ministerio, se aprueba en vísperas del 7 de julio, día en el que se cumple el décimo tercer aniversario del feminicidio sexual de Nagore Laffage. En dicha fecha también se produjo la agresión a la víctima de la Manada en Sanfermines, cuya sentencia inició las protestas del movimiento feminista bajo los lemas 'no es abuso, es violación', 'hermana yo sí te creo' o 'solo sí es sí'.
CAMBIOS EN EL CÓDIGO PENAL
La norma, del mismo modo, recoge cambios en el Código Penal, optando por un sistema penológico progresivo y proporcional a la gravedad, con horquillas más amplias. "Esto permite dar una adecuada respuesta penal a la multiplicidad de circunstancias", explica el Ministerio de Igualdad.
El equipo de Montero cree que esta norma da también "una respuesta más amplia y acorde a las múltiples manifestaciones de violencias sexuales", desde las más "leves" a las más "graves" y recoge, además, "un catálogo de agravantes específicas, entre las que se encuentran las agresiones grupales, la existencia de una grave violencia o un daño también grave a la víctima" en los términos del artículo 46 del Convenio de Estambul, la especial vulnerabilidad de esta, o el uso de armas o medios peligrosos.