El Gobierno prevé un impacto del conjunto de medidas fiscales y de la nueva Ley de lucha contra el fraude de 6.487 millones en 2021 y de 2.323 millones en 2022 en criterio de caja, gracias a nuevos impuestos 'verdes', a los envases de plástico, un IVA del 21% a bebidas azucaradas y las tasa 'Google' y 'Tobin', lo que permitirá incrementar los ingresos en 33.447 millones el próximo año.

Así se desprende del Plan Presupuestario de 2021 remitido por el Ejecutivo a Bruselas, en el que, no obstante, contempla que la ratio de ingresos sobre PIB se sitúe en 2021 en el 40,3%, frente al 41,7% de 2020, debido al mayor aumento del PIB el próximo año, ya que los ingresos en términos absolutos en 2021 se incrementarán en 33.447 millones de euros respecto a 2020.

El Gobierno explica que el aumento de los ingresos públicos se explica por la mejora de la economía y la actividad y, en menor medida, por las medidas fiscales que se aplicarán a partir del próximo ejercicio.

En concreto, el impacto estimado del conjunto de medidas fiscales y de la nueva Ley contra el Fraude fiscal se sitúa en 6.847 millones en 2021 y en 2.323 millones en 2022 en criterio de caja.

Entre los cambios impositivos que proyecta en los Presupuestos el Gobierno y que verán la luz en 2021, además del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y el Impuesto sobre Transacciones Financieras, conocidos como tasas 'Google' y 'Tobin', que fueron aprobados recientemente por el Parlamento, figura el impulso de la fiscalidad medioambiental, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea, como la creación del Impuesto sobre envases de plástico de un solo uso, que ya ha superado el trámite de información pública.

El documento enviado a las autoridades europeas también recoge otros ajustes fiscales como el incremento del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21%, cuyo objetivo es "favorecer hábitos más saludables".

También recoge las medidas incluidas en el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, con la que espera recaudar 828 millones, que permitirán reforzar el control de las prácticas irregulares asociadas a las nuevas tecnologías, combatir la economía sumergida mediante la bajada del límite de pagos en efectivo en el ámbito profesional a 1.000 euros y también combatir la elusión fiscal de las grandes multinacionales para hacer un sistema tributario más justo, prohibiendo también las amnistías fiscales.

Asimismo, también recoge el aumento gradual del permiso de paternidad que se eleva de 12 a 16 semanas, lo que permite la equiparación con los permisos de maternidad.