El juicio contra José María Arribas, el que fuera presidente de Caja Burgos, ha quedado visto para sentencia. Arribas se enfrenta a tres años de cárcel por la concesión de una veintena de créditos por valor de 22 millones de euros. La Fiscalía sostiene que el expresidente de la entidad se aprovechó de su puesto para conceder créditos a empresas de su propiedad entre los años 2005 y 2010. Esta cifra sirvió, según la Fiscalía, para "mantener con vida" de forma artificial a las industrias que años después caían en concurso de acreedores y que, finalmente, fueron liquidadas.

De la misma manera, el Ministerio Público considera que los órganos de gobierno de Caja Burgos no fueron lo suficientemente exhaustivos en la elaboración de los informes económicos que garantizaban la viabilidad de estas empresas y la posibilidad de la devolución de las cantidades prestadas y que en la actualidad todavía faltan por devolver cerca de 3 millones de euros. La defensa niega estas acusaciones y dice que no queda demostrada la comisión de ningún delito y pide la libre absolución para José María Arribas.