La Fiscalía Anticorrupción archiva su investigación sobre los contratos vinculados al hermano de Ayuso

Considera que el proceso fue "transparente" y exime a la presidenta madrileña: "No consta intervención directa o indirecta"

CyLTV / Agencias

La Fiscalía Anticorrupción ha acordado archivar su investigación sobre el contrato de emergencia para la adquisición de mascarillas vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante "la ausencia de indicios de la comisión de infracciones penales".

En un decreto firmado este mismo jueves, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, da carpetazo a los hechos denunciados por PSOE, Podemos y Más Madrid sin realizar "pronunciamiento alguno" sobre los "posibles delitos de malversación" de fondos europeos que investiga la Fiscalía Europea.

Esa investigación de la institución comunitaria, que sigue abierta, se inició porque el citado contrato de emergencia suscrito por la Comunidad de Madrid para la adquisición de mascarillas durante la pandemia se pagó con fondos FEDER provenientes de la Unión Europea.

En lo relativo a Anticorrupción, Luzón señala que la investigación practicada hasta la fecha "no ha puesto de relieve elemento indiciario alguno de que Tomás Díaz Ayuso llevara a cabo actuaciones, diligencias o gestiones ante el SERMAS, el Servicio Madrileño de Salud, o ante cualquier otro organismo o servicio de la Comunidad de Madrid tendente a conseguir un trato de favor para la empresa PRIVIET".

Tampoco consta, añade la Fiscalía, que el hermano de la presidenta "aportara a esta empresa algún contacto con funcionarios públicos que, por otra parte, y de acuerdo con el procedimiento seguido por la Subdirección General de Contratación, no era en absoluto necesario para presentar la oferta".

Una guerra abierta en el seno del Partido Popular

Era febrero cuando Pablo Casado soltó una bomba que más tarde le acabaría estallando a él mismo. Las diferencias con Ayuso saltaron entonces por los aires. Una guerra abierta en el seno del Partido Popular con dos bandos, los que apoyaban a Isabel Díaz Ayuso y los que estaban con la dirección nacional del partido. Tras el revuelo, la calle se pronunció y los contratos salieron a la luz.

El 22 de febrero la Fiscalía abre una investigación para averiguar si hay indicios de delito en el contrato para la compra de mascarillas. Apenas cuatro meses más tarde, con un PP totalmente renovado, Anticorrupción cierra el caso al descartar la existencia de conductas penalmente relevantes. Además, deja a Ayuso fuera de cualquier intervención directa o indirecta en este caso.

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