La Unión de Campesinos de Castilla y León pidió la realización de test masivos entre las personas trabajadoras temporales agrarias antes de empezar a trabajar en las explotaciones agrarias, de manera que permita garantizar ausencias de positivos COVID-19 en el inicio. Además, precisó que se cuente con sitios concertados, como hoteles y albergues, por “si existe la necesidad de aislar a algún temporero que de positivo frente a COVID-19, permitiendo de esta manera que el resto de los trabajadores puedan continuar con el desempeño de su actividad agraria, respetando en todo momento unas medidas específicas de prevención y control para evitar nuevos positivos”. Asimismo se pide que, aunque exista un caso positivo se pueda continuar con la actividad agraria extremando las medidas de seguridad, pero que “no se bloquee la explotación agraria o ganadera al igual que ocurre en otros sectores”.

Así se lo trasladaron este viernes al delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, en una reunión que han mantenido para informar, por un lado, la necesidad de definir agricultor genuino para la nueva PAC y apostar por la creación de unos costes de producción oficiales que permita a los profesionales vender su producción a un precio digno, y por otro, comunicar las propuestas de la organización para que se pueda desarrollar, “de manera adecuada y lo más segura posible”, el trabajo de los temporeros.

Así, señaló que existe una “necesidad real” para que la PAC se distribuya de una manera “más justa entre los agricultores y ganaderos que realmente viven de manera activa de esta actividad”. “No es lógico que la ayudas de la PAC la reciban personas que no viven de esto y sus ingresos agrarios sean insignificantes”, apuntó UCCL. Por ello, para la organización, la figura de agricultor genuino debe ser aquél cuyos ingresos agrarios sean al menos el 25 por ciento del total de ingresos, y necesariamente “debe establecerse una discriminación positiva para los ATP mediante una ayuda complementaria”.

Otro de los caballos de batalla de los profesionales agrarios está relacionado con la Ley de la Cadena Alimentaria, que “necesita un reforzamiento del sector productor”, y pidió que exista un acuerdo con la industria y distribución para fijar costes de producción oficiales que “impida a los agricultores y ganaderos seguir vendiendo a pérdida”.