La Junta de Castilla y León y la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) Iberaval ponen al servicio del sector hostelero, desde este viernes, siete líneas de crédito, cinco de ellas a interés cero, con el fin de inyectar 271,5 millones a las empresas y autónomos de este ámbito económico, uno de los más golpeados por la crisis del COVID-19 y que actualmente se encuentra cerrado en la Comunidad. Para alcanzar esa movilización económica, el Ejecutivo aportará 28,8 millones de euros, así como otros 19,4 millones en subvenciones directas. Según la SGR, se podrá llegar a 10.400 empresas.
Así lo pusieron de manifiesto el presidente del Gobierno regional, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de Iberaval, César Pontvianne, quienes mantuvieron un encuentro para definir estas líneas de crédito, que pretenden ''sostener la actividad de estos sectores'', incidió el jefe del Ejecutivo.
El paquete presentado este viernes persigue garantizar el flujo de circulante y ''apuntalar'' la solvencia de las empresas que están soportando una pérdida parcial o incluso total de ingresos como consecuencia de las medidas sanitarias adoptadas para contener el avance de la pandemia, de manera que puedan sobrevivir y reflotar su actividad. ''La hostelería y el turismo han sido especialmente golpeados. Por ello, traslado el compromiso de la Junta e Iberaval de que estamos con el sector'', sentenció Mañueco, quien añadió que estas líneas de crédito cuentan con ''facilidades en los plazos de amortización y carencia''. Cinco de ellas a interés 0 y las otras dos, muy bajo.
El jefe del Ejecutivo avanzó que ''si fuera necesario'', en 2021 se ampliarán las ayudas directas y las propias líneas de liquidez. ''Si la situación lo requiere, haremos un esfuerzo presupuestario complementario'', comentó el presidente de la Junta, quien reclamó de nuevo un plan de choque coordinado para el sector hostelero al Gobierno central, con participación de las comunidades autónomas y las entidades locales. Pontvianne destacó la capacidad de Iberaval para adelantar este un volumen económico de unos 600 millones de euros, una partida presupuesta ''ya disponible'', y concretó que el plazo medio de resolución es de entre siete y 14 días. ''Esperemos que haya una avalancha de solicitudes'', confió.
En esta batería de medidas figuran las incorporadas al Plan de Choque para la protección de la actividad y el empleo –que fue suscrito el miércoles en el marco del Consejo del Diálogo Social– y otras nuevas y complementarias, que persiguen un reto común: ''Contribuir a sostener la actividad y el empleo de dos sectores relevantes para la economía de la Comunidad en este complejo escenario'', en relación a la hostelería y el turismo, dijo Mañueco, quien vaticinó que estas partidas darán ''oxígeno y aire para aliviar necesidades de alquileres, cuotas de la Seguridad Social, personal o hipotecas, entre otras cuestiones''. ''Queremos que tras estos momentos complicados puedan mantener la actividad y el empleo que sostienen. Queremos que todos puedan reabrir cuando la pandemia lo permita'', deseó.
Mañueco destacó que las líneas que su Gobierno puso en marcha en la primera ola ''han llegado'' a sus destinatarios, mientras que justificó el retraso de otras medidas de ayudas recogidas en el primer acuerdo del Diálogo Social por requerían la aprobación de las bases regulatorias. ''Se empezarán a pagar próximamente, como los ERTES'', dijo. De hecho, el paquete publicado en la primera ola valorado en más de 100 millones de euros está utilizado casi al 75 por ciento.
Por su parte, Pontivianne agradeció el ''trabajo'' de la Junta y cargó contra la ''falta de unidad de acción política, que ha incomodado y molestado a más de uno''. ''Algunos se han puesto la camisa de sus partidos políticos sin pensar en el bien común'', criticó. ''Llevamos tiempo buscando alternativas y hoy las presentamos aquí. Tenemos que estar al lado de las pymes. La gran prioridad debe ser recuperar las condiciones para el empleo. Los próximos meses serán vitales porque llegarán los impagos y dificultades'', alertó.