Cuando termine el estado de alarma previsto para el 9 de mayo, cualquier medida que afecte a derechos fundamentales como restricciones a la movilidad o al derecho de reunión que tomen las autonomías tendrá que ser ratificado por los jueces: "Se podrán acordar confinamientos concretos de zonas, barrios, edificios donde haya un foco", destaca el juez decano de Bilbao Aner Uriarte. Eso genera incertidumbre porque aprobar o no las medidas depende de cada situación y de la jurisprudencia de cada territorio. Los expertos indican que supone más inseguridad jurídica. 

El abogado José Fernández lo nombraba este jueves en la entrevista del programa Cuestión de prioridades como "un reino de taifas". Lo adecuado para eliminar esa incertidumbre sería disponer de una alternativa legal al estado de alarma. Un instrumento al que, por el momento, se niega el Gobierno insistiendo que la legislación ordinaria es suficiente para afrontar esta etapa de la pandemia.