EMPLEO

Trabajadores temporales públicos reclaman en Valladolid que se ponga "fin" a su situación laboral "discriminatoria"

Alrededor de 80.000 trabajadores se encuentran actualmente en “abuso de contratación” en todos los niveles de la administración pública en Castilla y León

Los trabajadores públicos interinos salen a la calle para exigir ser fijos - Ical
Europa Press / Ical

Más de medio millar de trabajadores temporales públicos --según la organización-- han exigido en Valladolid que se ponga fin a la situación laboral "discriminatoria" que sufre el sector en la Comunidad, al tiempo que denuncian que ven "peligrar" sus puestos de trabajo.

La movilización, en forma de caravana de coches y que forma parte de las 27 que se han llevado en todo el país --en la Comunidad además de la vallisoletana también se ha llevado a cabo en León con una participación de un millar de trabajadores--, ha arrancado a las 11.00 horas desde la Feria de Muestras.

Antes de comenzar, se ha leído un manifiesto en la que los trabajadores públicos temporales han asegurado sentirse "totalmente desprotegidos" por el Gobierno y las Administraciones, mientras el resto de los empleados públicos temporales europeos están amparados frente al "abuso" de temporalidad por una Directiva Europea cuyo objetivo "no se está cumpliendo en España".

"No queremos más contratos en fraude, ni que nos echen a la calle sin derecho alguno después de años entregados al servicio público, ni que se obvie la supremacía del derecho europeo que se aplica en el resto de los Estados Miembros de la Unión Europea", explican a través de un comunicado.

En definitiva, buscan que se cumpla la ley, al igual que, señalan, se hace en el empleo privado, para que puedan continuar en sus puestos de trabajo, máxime después de haber superado procesos selectivos que acreditan mérito, capacidad e igualdad, como exige la Constitución, y de haber entregado los "mejores" años de sus vidas en pro de un servicio público "intachable" a los ciudadanos.

Alrededor de 80.000 trabajadores se encuentran actualmente en “abuso de contratación” en todos los niveles de la administración pública en Castilla y León, un colectivo que exige una sanción, tal y como aboga la Comisión Europea, y que llegaría en forma de reconversión de contratos eventuales a fijos.