El Gobierno aprueba este martes 29 de junio, en el Consejo de Ministros, el anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas Trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, en el que, tras un acuerdo entre los socios del Ejecutivo, se permitirá la rectificación de nombre y sexo de las personas trans en el Registro Civil a partir de los 14 años.

Concluye así una negociación que comenzó el pasado marzo, cuando el Ministerio de Igualdad hizo público el texto que había redactado con el objetivo de "despatologizar" al colectivo y eliminar los trámites que en la actualidad se les exigen para realizar este trámite: informe médico que les diagnostica una disforia de género y tratamiento hormonal durante dos años.

El equipo de Irene Montero recogía en la primera versión de la norma que este cambio en el Registro Civil se podía realizar con el único deseo expreso de la persona interesa en realizar esta modificación. Esta medida no gustó al PSOE, según explicó la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, por inseguridad jurídica.

Los socialistas ya mostraron en 2020, en un documento interno del partido, su oposición a la autodeterminación de género por dos cuestiones. La primera porque "desdibujan a las mujeres como sujeto político y jurídico"; y la segunda porque el género "no existe", sino que es un conjunto de "estereotipos" que se asignan a hombres y mujeres y que "configura expectativas y oportunidades".

"Me preocupa la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad", señaló Calvo en una entrevista. La vicepresidenta ha encabezado las principales críticas públicas hacia esta norma y defendió, en su lugar, la ley de Igualdad de Trato, conocida como 'Ley Zerolo', que impulsa el PSOE.