La fiscalía de Murcia ha sido la primera en abrir diligencias de investigación para aclarar si hay algún tipo de delito penal en la vacunación irregular. Los expertos coinciden en que la denuncia tiene poco recorrido porque esta medida no tiene rango ni de ley ni de real decreto y no se puede hablar de delito, como destaca el abogado penalista, Agustín Martínez. Por lo tanto, estos comportamientos no supondría ni malversación ni prevaricación. Tampoco habría posibilidad alguna de sancionar administrativamente puesto que lo que se está incumpliendo es un protocolo. Además, en caso de que se convirtiera en reglamento, la Ley General de Salud Pública lo consideraría una infracción leve.