En los tres primeros meses del año, el atasco judicial ha bajado un 10% en Castilla y León. Se han resuelto más causas de las que han ingresado, aunque todavía quedan pendientes más de 100.000 asuntos jurídicos en la Comunidad. Se necesitarían 18 meses para poner fin a este tapón.

Aunque en las salas de los juzgados se haya recuperado el ritmo, "todavía no ha venido la avalancha que se espera cuando se levanten los ERTE", dice el juez decano de Valladolid, Emilio Vega. Afectará a los juzgados de lo Social y lo Mercantil y preocupa que los plazos se dilaten más. El delegado de CCOO en la Administración de Justicia, Raúl Franco, dice que "de estar señalando a dos meses, ha pasado a tres de media", incluso "hay señalamientos para 2022, hay demora en la respuesta", afirma Julio Sanz, presidente del Consejo de Abogacía de Castilla y León.

Una de las medidas del Ministerio de Justicia fue crear cuatro equipos en Castilla y León para reforzar los juzgados de lo social, pero "no llegan los refuerzos, no llegan los nuevos órganos judiciales". De momento no lo ven necesario. De las cuatro provincias donde se anunció solo está funcionando en una.

La situación se suma a la falta de espacios para acoger ese refuerzo. Necesidades que se acumulan a la esperada Ley de Eficiencia Digital y a reivindicaciones históricas de los sindicatos como la dispersión de las sedes judiciales y la creación de un Servicio de Registro y Reparto Común en Valladolid.