En Castilla y León hay ocho organismos encargados de certificar si un producto es o no ecológico y sólo una de ellas es pública. Su personal se encarga de inspeccionar granjas ecológicas y así, sobre el terreno, pueden controlar el estado físico de los animales, comprobar que no haya sobrepastoreo, es decir, exceso de ganado y que no se usen sustancias químicas. Revisan permisos y cifras para que no salga más producción de la materia prima que entra y en fábrica se observa cómo funciona el proceso de elaboración, por ejemplo de yogures.