La Junta de Castilla y León está a la espera de recibir un informe jurídico sobre la idoneidad legal de exigir la presentación del denominado 'pasaporte COVID' o certificado de vacunación, si bien no es la medida "nuclear" que maneja el Ejecutivo autonómico para tratar de frenar el incremento de la incidencia. Además, se reservaría para hospitales y albergues. 

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, aseguró que la estrategia de la Junta es "vacunar, vacunar y vacunar", porque sobre el pasaporte COVID no tienen "ni una sola evidencia" científica que asegure que ayuda a mitigar la expansión del virus.

De esta forma, Verónica Casado sostuvo Castilla y León está entre las tres autonomías que están estudiando la posibilidad de exigir el certificado de vacunación, pero apuntó que esta medida estaría reservada para el acceso a hospitales y albergues, no así en los establecimientos de hostelería y ocio, donde recordó se mantiene la exigencia de la mascarilla. 

Además, la consejera de Sanidad recordó la demanda de que existiera una postura común sobre esta medida en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Al no producirse, añadió, que la Junta espera un informe jurídico sobre su idoneidad, sin embargo, recalcó que el grupo de expertos le ha manifestado sus "dudas" sobre su eficacia, por si sola, para prevenir contagios. 

Finalmente, la titular de Sanidad remarcó que la política de la Junta es apostar por la vacunación de las personas que todavía no lo han hecho, las que tienen alguna dosis pendiente, asi como por el refuerzo de la población mayor de 60 años, así como de los enfermos vulnerables, el personal sanitario y sociosanitario.