La Asociación Derecho a Morir Dignamente en Castilla y León lleva más de 30 años luchando para que la eutanasia sea aprobada. A las puertas de que la ley entre en vigor la Junta ha recibido una propuesta para ultimar el cómo se va a desarrollar la norma. Piden un manual de buenas prácticas y que la persona que solicite ayuda para morir pueda elegir al profesional que la acompañe.

"En otros países como Bélgica y Cánada se ha visto que la solicitud de eutanasia corresponde a un 2% de las muertes", afirma Cristina Miner, miembro de la asociación. En la actualidad, la Junta ultima la creación de la comisión de garantía, formado por médicos, enfermeros y juristas que analizarán cada caso. Piden que no sea contraria al ejercicio del derecho de la eutanasia y que se conozcan bien los procesos administrativos de la sanidad pública y privada.

Fernando Sanz cree que "la administración tiene obligación de garantizar que la prestación estará disponible en todos los dispositivos que prestan asistencia sanitaria" como miembro de la asociación opina que las personas tienen derecho a solicitar la ayuda de quienes quieran que les acompañen durante el proceso. Para ello, piden que los formulario estén claros y que haya profesionales formados para desempeñar esas funciones.