Este martes se han reunido en León representantes de Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia, todas ellas contrarias a que se prohíba la caza del lobo en todo el territorio. Lo hacen días después de que el Gobierno haya puesto fecha a esa medida, el 25 de septiembre.

La población del lobo no ha dejado de aumentar en los últimos años. De hecho, su masificación podría empujarle a nuevos territorios, al sur y al este de la península. Las comunidades del noroeste defienden que antes de cambiar la gestión de la especie hay que hacer un censo que permita ver la situación actual del lobo. "Una misión que es del Gobierno de España que si no la hace la tendremos que hacer nosotros. Aquí estamos las comunidades loberas que tenemos el 95% de los lobos pero llamaresmos a las que tienen el 5%", ha expresado el Consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria dan de plazo al Gobierno hasta el 15 de junio. Si no retira el proyecto y convoca una mesa para dialogar sin líneas rojas crearán su propia estrategia. Y si aun así se aprueba la Orden Ministerial que incluye al lobo como especie de especial protección, la llevarán al Supremo y pedirán medidas cautelarísimas. Las cuatro comunidades cuentan con el apoyo de las organizaciones agrarias, que ven la orden como un ataque al medio rural.

Así, el secretario general de UPA en Castilla y León, Aurelio González, lamenta que en Castilla y León haya diariamente una media de siete ataques de lobos. "Siete ganaderos cada día se encuentran ante la disyuntiva y la pregunta de ¿Merece la pena seguir con la explotación?"

La urgencia de la situación aumenta, dicen las comunidades, porque el gobierno quiere aprobar la orden en septiembre. De ahí este frente común con el que le piden volver al diálogo.