LEY CELAÁ

Casado anuncia que el PP recurrirá la 'Ley Celaá' ante el Tribunal Constitucional: "Es mala para la unidad nacional"

Europa Press

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado que recurrirán la reforma de la ley educativa, conocida como "Ley Celaá", ante el Tribunal Constitucional y las instituciones comunitarias que consagran la libertad educativa.

"Esta ley durará lo que tardemos en llegar al Gobierno. Derogaremos esta ley porque es mala para el futuro de nuestros hijos, es mala para la unidad nacional y pésima para la comunidad educativa", ha señalado Casado durante la manifestación de este domingo en Madrid, convocada por la Plataforma Más Plurales. Asimismo, Casado ha garantizado que en las comunidades autónomas donde gobierna el PP van a "hacer todo lo posible para legislar y evitar los estragos" que plante la LOMLOE.

La Plataforma Más Plurales, que aglutina a asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos del sector de la educación concertada, se ha concentrado este domingo en más de 30 provincias para mostrar su rechazo a la LOMLOE, la reforma de la ley educativa'.

Bajo el lema "Por el derecho a elegir la educación que queremos", los convocantes han sido llamados a la movilización con vehículos en todas las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña, País Vasco, Canarias, Comunidad Valenciana. Tampoco se prevén concentraciones en Zamora, Salamanca, Ávila, Segovia y Soria.

"Este domingo toda España se vestirá de naranja para gritar que con la LOMLOE más de 47 millones de españoles perderán libertad ¡No te resignes y sal en coche a manifestarte!", llaman los impulsores de las protestas.

La movilización de este domingo se suma a las otras cuatro celebradas este mes de noviembre frente al Congreso de los Diputados y en los centros escolares, y se enmarca en el calendario de acciones previstas de la campaña 'Más Plurales, Más Libres, Más Iguales' que ha puesto en marcha para intentar paralizar la nueva ley de Educación, una ley que, a su juicio, ha sido tramitada "sin el menor consenso con la comunidad educativa ni la sociedad civil".

"Estamos ante un Proyecto de Ley fuertemente intervencionista que promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo, elemento sin duda clave en una sociedad democrática", critica la plataforma.