El primer escollo en la nueva ley del trabajo a distancia es su definición: Es ese 20% de jornada ordinaria durante tres meses seguidos. Es decir, se acogerían a ella quienes trabajen, al menos, un día a la semana fuera del centro empresarial, aunque a los empresarios les parece insuficiente. Y supondría cambios en los contratos. La ley debe tener en cuenta derechos como el de la privacidad, el de conciliación familiar y todo lo relacionado con la protección de datos. 
 
Aún hay flecos sueltos como el tema de los costes y los sindicatos apuestan por el fichaje horario para que no se convierta en una flexibilidad total de teletrabajar las 24 horas del día.
 
Piden también prevención de riesgos laborales y que esta ley no suponga un detrimento salarial y personal.