La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias-Unión General de Trabajadores (ACAIP-UGT) denunció este domingo que "más de la mitad de la plantilla" de funcionarios del Centro Penitenciario de Topas, ubicado en la provincia de Salamanca, no podría recibir la vacuna frente al COVID-19 en la siguiente fase de la estrategia de vacunación "de seguir las directrices del Ministerio de Sanidad", que marcan que la vacuna de AstraZeneca "no permite establecer su eficacia en personas de más de 55 años de edad".

Y es que, tal y como señalan desde ACAIP-UGT en los escritos remitidos a la ministra de Sanidad y a la subdelegada del Gobierno en Salamanca, "más de la mitad de la plantilla del Centro Penitenciario de Topas supera los 55 años de edad", al ser la cárcel salmantina "uno de los centros penitenciarios con la media de edad de sus trabajadores más elevada de toda España", situada por el sindicato en los 55,77 años.

Inicialmente, en un escrito dirigido en enero a la subdelegada del Gobierno en la provincia salmantina, Encarnación Pérez, ACAIP-UGT solicitó la inclusión del personal del Centro Penitenciario de Topas en la primera fase de vacunación por ser "personal esencial de primera línea" y pertenecer a "un subgrupo de población que vive o trabaja en comunidades o entornos cerrados", además de tener "una mayor facilidad para ser citado".

Posteriormente, y ante la información surgida durante los últimos días "sobre la posibilidad de vacunación al personal penitenciario", se envió un escrito desde ACAIP-UGT al Ministerio de Sanidad para solicitar "una estrategia de vacunación para el colectivo de trabajadores de instituciones penitenciarias" que considere "la necesidad de vacunar a todo el colectivo simultáneamente", de tal forma que "en los casos en los que no se pueda administrar la vacuna de AstraZeneca, se proceda a utilizar las otras vacunas administradas en la estrategia de vacunación" del Ministerio.