Si ha habido una asociación dentro del Poder Judicial especialmente dura con la ministra de Igualdad, Irene Montero, esa ha sido la Asociación Profesional de la Magistratura, que exigió su inmediata dimisión por sus ataques a los jueces. En un comunicado decía que claro que admiten las críticas a las resoluciones judiciales, pero recomienda que si éstas vienen de otro poder del Estado tienen que hacerse con ponderación y prudencia.

Además, avisaban que este tipo de ataques crean una alarma innecesaria en la confianza de las víctimas. En Cuestión de prioridades hablamos con su presidenta, María Jesús del Barco.