El Consejo de Ministros ha acordado este martes prorrogar durante tres meses las medidas socio económicas que se aprobaron durante la pandemia, entre ellas, el bono social, la imposibilidad de llevar a cabo desahucios, o la ampliación del plazo para que sigan trabajando los médicos jubilados o los controles en puertos y aeropuertos para los pasajeros que lleguen a España. Pero también da la posibilidad de prorrogar otros seis meses los contratos de alquiler que venzan entre el 9 de mayo y el 9 de agosto de este año.

Todo ello va incluido en un Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, que se aplicarán tras la finalización del estado de alarma, declarado por el Gobierno el pasado 25 de octubre y que decaerá a las cero horas del próximo 9 de mayo.

En el decreto han intervenido, a propuesta de la Vicepresidencia primera los ministerios de Justicia; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Trabajo y Economía Social; para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Sanidad; Derechos Sociales y Agenda 2030; Igualdad; e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El objetivo de este Real Decreto es dar la necesaria cobertura jurídica y social a distintas situaciones de vulnerabilidad derivadas de la situación de crisis sanitaria, económica y social ocasionadas por la pandemia del COVID-19.

El Real Decreto-ley se estructura en seis capítulos, quince artículos, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. Así, en el Capítulo I establece una serie de medidas urgentes en el ámbito sanitario, relativas al control en los puertos y aeropuertos de los pasajeros que llegan a España.

Su objetivo es detectar de manera rápida la presencia de casos importados de COVID-19 que pudieran generar brotes en nuestro país, así como localizar a los contactos estrechos de los casos, y hacer posible la inmediata adopción de las oportunas medidas de control que impidan la difusión incontrolada de la enfermedad.