Economía

Castilla y León traslada al "corazón" de Europa su modelo de lucha contra las deslocalizaciones de las "apisonadoras" multinacionales

CCOO y UGT plantean seis medidas a incluir en un dictamen del CESE para endurecer las ayudas e imponer exigencias económicas y de cesión de terrenos e instalaciones

Ical

Castilla y León quiere exportar su modelo de lucha contra las deslocalizaciones al "corazón" de la UE para acabar con la "apisonadora" de las decisiones multinacionales que acaban con muchas economías locales. CCOO y UGT en la Comunidad remitieron un documento al Consejo Económico y Social Europeo (CESE) para que incluya seis medidas dentro del dictamen que emanará en medio año de su Comisión de Transformación Industrial y que marcará las políticas en la materia del Parlamento Europeo.

La propuesta, que se presentó ayer al CESE y va respaldada por el Grupo de los Trabajadores, se conoció hoy durante una jornada en la sede del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, titulada ‘Por una estrategia europea de transición justa. Estrategias sindicales frente a la deslocalización industrial de Castilla y León’. La cita contó con la presencia del presidente del Grupo de Trabajadores del CESE, Oliver Röpke; el consejero de Empleo de la Junta, Germán Barrios; y la presidenta del Grupo Socialdemócrata en el Parlamento Europeo, junto a los secretarios generales de CCOO y UGT en la Comunidad, Vicente Andrés y Faustino Temprano, entre otros.

Andrés y Temprano presentaron una propuesta, consensuada también en la Fundación Anclaje de Castilla y León, que plantea el establecimiento de exigencias "más severas" a los compromisos de permanencia de las empresas que reciban fondos públicos. Cuando las empresas se marchan en cuanto termina el periodo normativamente establecido, como el caso de Vestas, remarcó el secretario de CCOO, "significa que esos fondos no han cumplido su finalidad de garantizar el mantenimiento y fidelización de una tejido productivo en el territorio".

Asimismo, Vicente Andrés aclaró que pretenden que se establezcan exigencias para aquellas compañías que quieran abandonar zonas geográficas económicamente sensibles, para que los procesos se puedan llevar a cabo de forma ordenada. El objetivo es imponer a estas empresas la cesión de los terrenos e instalaciones; así como la cooperación a través de apoyos económicos y que no obstaculicen la búsqueda de nuevos inversores. Asimismo, reclamó que se establezca un gravamen para cualquier deslocalización que afecte a este tipo de zonas.

La tercera medida que plantean los sindicatos, concretó Andrés, pasa por generar obligaciones de permanencia en zonas geográficas económicamente sensibles, dentro de la responsabilidad socio empresarial, cuando la actividad logra determinados beneficios en el mercado.

Otra media, la cuarta, explicó el dirigente sindical, pasa por la adecuación del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, a los procesos de deslocalización en zonas geográficas económicamente sensibles, para que no solo incluya partidas para formación de los trabajadores afectados, sino también fondos capital-semilla para reindustrializar el territorio.

Andrés también señaló que es precisa una regulación a escala europea de exigencias de transparencia en el funcionamiento de los grupos de empresas, para evitar comportamientos desleales y que se pueda eludir la responsabilidad de la matriz en sus decisiones sobre la suerte de sus filiales.

Por último, comentó que en su propuesta solicitan el establecimiento a escala europea de una regulación sustantiva sobre los procedimientos de insolvencia en los grupos de empresas, para que "se limiten las posibilidades de actuaciones fraudulentas que permitan sustraer capitales y su responsabilidad por la declaración de insolvencia de sus filiales".

Colofón a años de trabajo

Vicente Andrés destacó que las jornadas de hoy son "muy importantes" porque suponen el "colofón a muchos años de trabajo en la lucha contra las deslocalizaciones" en la Comunidad. Andrés reseñó que "después de sus experiencia", han sido capaces de "concluir con una propuesta de ambos sindicatos, para que el CESE en su dictamen exploratorio sobre las deslocalizaciones lo tenga en cuenta". "Tenemos un bagaje importante frente a las deslocalizaciones y se va a escuchar en Europa lo que hemos hecho en Castilla y León en la materia", dijo.

Andrés recordó que el caso de Fontaneda supuso un "punto de inflexión" en la Comunidad, cuando se dieron cuenta de que "se puede luchar contra lo global desde lo local y encontrar soluciones frente a la apisonadora de las multinacionales que deciden cerrar y destruir el tejido de una comarca". "Hay alternativas", sentenció, para recordar que el caso de Vestas, en Villadangos del Páramo, lo consiguieron colocar "en el corazón" de Bruselas.

Prever, evitar y limitar

Faustino Temprano ensalzó el trabajo desarrollado en la Comunidad frente a los procesos de deslocalizaciones, especialmente, desde la Fundación Anclaje como "garante de la efectividad de las acciones contempladas en el Protocolo de Empresas en Crisis". "Ha sido decisivo en los últimos años ante los distintos casos que se nos han presentado en Castilla y León como Puertas Norma, Dulciora, Lauki y Vestas", djo.

Temprano incidió en que ante este fenómeno deben desarrollarse políticas y acciones que ayuden a "prever, evitar y, en su caso, limitar los efectos tan negativos que se producen en las reestructuraciones empresariales y las deslocalizaciones productivas". En este sentido, abogó por fomentar el asentamiento de las empresas en Castilla y León así como su vinculación al territorio a través de "factores de localización industrial y competitividad territorial". Asimimso, epeló a desarrollar actuaciones que "reduzcan las posibles deslocalizaciones empresariales o, al menos, que reduzcan al mínimo el impacto negativo de las que se puedan producir".