La empresa pública Enresa ha iniciado los trámites para desmantelar  la central de Garoña. Los trabajos se prolongarán durante una década y supondrán una inversión de 468 millones de euros. Pero los alcaldes piden alternativas para la economía de la zona a largo plazo.

La tramitación administrativa, hasta que el Ministerio para la Transición Ecológica autorice el desmantelamiento, se prolongará durante dos años. A partir de ahí Garoña dará un último balón de oxígeno a su zona de influencia durante una década.

Los alcaldes y empresarios no quieren que las promesas de reindustrialización para los municipios más próximos a la planta atómica caigan en el olvido. Y es que el cierre de Garoña ya ha hecho perder al Valle de Tobalina, donde está enclavada, un 10% de su población.

Los ingresos de este ayuntamiento con un millar de habitantes se han visto mermados en 900.000 euros por impuestos de la central nuclear.