Si han dado positivo en covid-19 los rastreadores les habrán pedido sus contactos: nombres y teléfonos que están obligados a proporcionar, no hay protección de datos que valga. En este caso prevalece el derecho a la vida y la salud. Por eso negarse a dar los contactos puede salir muy caro. Así está regulado en Castilla y León: la multa iría de 3.000 a 6.000 euros.

Es necesario dar información crucial a las autoridades sanitarias para frenar los contagios. Son datos que sólo se usaras con el fin de contener el virus porque, de filtrarse, hablaríamos también de otra infracción grave. Pero, cuidado, porque los datos que nos pidan deben ser los mínimos.