El Ministerio de Hacienda y Función Pública plantea elevar del 3 % a una horquilla entre ese porcentaje y el 4 % las variables no poblacionales (despoblación, dispersión y superficie) para el reparto del sistema de financiación autonómica; mientras que apuesta por establecer fondos específicos al desarrollo para frenar la sangría demográfica. 

La ministra María Jesús Montero remitió este viernes a las autonomías un documento con una propuesta de población ajustada para iniciar el debate para determinar el reparto de los recursos del sistema de financiación autonómico. El texto reconoce que cualquier propuesta que plantease la inclusión en el sistema de financiación de un componente ligado al fenómeno de la despoblación, medida en términos estáticos, debería estar principalmente dirigida a las cuatro autonomías que en este momento sufren el problema de manera más acentuada Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León. Sin embargo, expone que en el aspecto dinámico del problema, por pérdida progresiva de población, “parece más adecuado buscar darle solución a través de fondos destinados específicamente al desarrollo”. 

La propuesta del Ministerio plantea identificar una variable concreta de despoblación para el sistema, con carácter más concentrado, que mida específicamente el problema que afrontan autonomías con zonas más despobladas. El documento remitido por el Ministerio de Hacienda contempla diversas fórmulas para abordar el cálculo de esta variable. La más destacada es tener en cuenta la población necesaria para que cada provincia alcance la densidad media -sin incluir poblaciones con más de 75.000 habitantes- lo que permite "reforzar el resultado de las comunidades más despobladas".

Asimismo, la variable de la superficie se establece en kilómetros cuadrados; y en relación a la dispersión, la propuesta remitida contempla dos posibilidades, cualquier área habitable del término municipal; o considerar los núcleos de población habitados, que suponen un conjunto de al menos diez edificaciones, que están formando calles, plazas y otras vías urbanas. Se incluyen en el núcleo aquellas edificaciones que, estando aisladas, distan menos de 200 metros de los límites exteriores del mencionado conjunto.

Sanidad

En cuanto a los grandes servicios a financiar por el sistema, el Ministerio de Hacienda propone a las comunidades que el peso de la sanidad y la educación en la financiación aumente entre 6,5 y 16,5 puntos. En concreto, el esquema de propuesta presentada, la población protegida en sanidad pasa de siete a veinte grupos de edad y de un 38 a entre 40 y 45% de ponderación. Por lo que se refiere a la educación, la ponderación salta del 20,5 al entre el 25 y el 30 %. De ese porcentaje, la mayor parte (entre 75 y 80%) irá para la educación no universitarias y el resto a la enseñanza superior. 

Servicios sociales

En cuanto a la variable correctiva en servicios sociales, se pasa una ponderación del 8,5 por ciento el padrón de mayores de 65 años a entre un 6 y un 10%, además de incluir a los parados sin prestación por desempleo. Dentro de esta variable, el padrón de las personas mayores de 65 años pesaría entre un 80 o 90% y el de los parados entre un 10 o 20%.