El pasado martes se presentó el Informe del Procurador del Común en las Cortes de Castilla y León. La polémica llegaba tras las peticiones de Tomás Quintana a la Junta de Castilla y León para evitar situaciones como las que sucedieron en las residencias de mayores durante la crisis de la COVID-19. Destacaba que debido al colapso hospitalario, las residencias asumieron tareas para las que no estaban preparadas y eso incrementó la mortalidad en ellas. El vicepresidente Francisco Igea y la Consejera de Familia, Isabel Blanco, consideran que en estas declaraciones hay falta de rigor y que son "opiniones y percepciones personales". El Procurador del Común se siente sorprendido por las criticas de Igea y dice querer evitar confrontaciones: "Estoy convencido de que esto perjudica trabajar por la tutela de los derechos de los ciudadanos desde la institución", explica en la entrevista de Cuestión de prioridades. 

Admite que la administración regional es "cumplidora con la emisión de los informes que solicitamos" y con la aceptación de las resoluciones: "Los pequeños municipios están menos dispuestos, pero entiendo que a veces no tienen secretarios o están compartidos con otros".