ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Los partidos del Gobierno de coalición presentan cuatro enmiendas parciales a la Ley de Ordenación de Territorio de la Junta

Proponen es la elaboración de mapas que organicen la prestación de servicios no sean responsabilidad de las diputaciones sino de la Consejería de Transparencia

Castilla y León Televisión

Los partidos que forman el Gobierno de coalición han presentado cuatro enmiendas parciales a la Ley de Ordenación de Territorio presentada por la propia Junta de Castilla y León. Estas enmiendas de PP y Ciudadanos quieren calmar el malestar los presidentes de Diputación.

El cambio que proponen es que la elaboración de mapas que organicen la prestación de servicios no sean responsabilidad de las diputaciones sino de la Consejería de Transparencia. Para los socialistas estas enmiendas por las que la Junta se rectifica a sí misma supondrán un nuevo retraso de esta ley.

Una reforma que quedó sin aprobar la pasada legislatura por la falta de acuerdo entre PP y PSOE al ser necesario una mayoría cualificada de dos tercios para sacarla adelante. La nueva ley suprime ese requisito y lo deja en mayoría simple, pero esta nueva situación aleja aún más los plazos previstos.

15 años de ordenación del territorio

Castilla y León cuenta con 6.000 núcleos de población y lleva 15 años tratando de cerrar una ordenación del territorio para compartir y mejorar servicios que no se ha producido. El primer paso se dio en 2006: después de dos años de estudio se registran en las Cortes de Castilla y León los primeros documentos en este sentido, que no consiguen bajar más allá de la provincia. Se aprobaron en 2008. 

Cinco años después, con José Antonio de Santiago Juárez como consejero de la presidencia, se da un paso más y se fijan 193 áreas de ordenación, 177 rurales y 16 urbanas. En ese momento se aprueba la primera ley. Sin embargo, el asunto se atasca en los llamados mapas rurales, a los que ponen problemas incluso dentro del propio Partido Popular. Un nuevo gobierno y un nuevo partido toma esas riendas en 2019 y decide empezar de cero. Las diputaciones vuelven a decir no después de dos años.